La reforma laboral decretada en España por el gobierno de Mariano Rajoy ha originado manifestaciones en 57 ciudades con una participación que, en muchas, rebasa las 100.000 personas y que en Madrid los organizadores han calculado en 1 millón. Esas reacciones muestran lo sensible que puede ser el asunto de la legislación sobre las condiciones de trabajo, lo que no es sorprendente porque atañe a la mayoría de los ciudadanos.

Los adversarios de la reforma laboral señalan que las nuevas normas reducirán el nivel de vida de los trabajadores y resienten particularmente que no son el resultado de una negociación entre los protagonistas de la vida económica, sino la imposición unilateral de los criterios de los gobernantes.

Los partidarios de la nueva legislación alegan que la rigidez del mercado imperante hasta ahora impediría una recuperación económica capaz de reducir los alarmantes niveles de desempleo, y que la reforma es indispensable para superar los problemas financieros que aquejan a España y su Gobierno.

Dicen que las medidas exigen sacrificios y achacan a causas sobrevenidas, por la irresponsabilidad de las autoridades anteriores, lo inevitable de su aplicación. Añaden que aún no se ha tocado fondo y que se necesitarán mayores sacrificios.

Los manifestantes responden que las protestas no cesarán y probablemente se incrementen.

En Venezuela está pendiente una nueva ley del trabajo, que el presidente Chávez ha prometido promulgar el primero de mayo, dentro del marco de la ley habilitante que le concedió la Asamblea Nacional saliente y obsecuente hace algo más de 12 meses. Quedan escasamente 60 días para que cumpla lo ofrecido y no se conoce prácticamente nada sobre el contenido de la nueva legislación. Los trabajadores, los empresarios y la ciudadanía en general no han sido consultados y se les ha dejado a la merced de la buena voluntad y la salud del primer mandatario. No sabemos si la ley tendrá un sesgo que afecte negativamente los intereses de los trabajadores, como es el caso de la reforma laboral española, para intentar restaurar los equilibrios financieros o si, por el contrario, concederá mejoras que agraven los desequilibrios existentes, pero redunden en el corto plazo en beneficios electorales para el Gobierno.

Ante ese dilema también es posible la abstención. Invocar alguna excusa para posponer la promulgación de la Ley del Trabajo y dejar que se venzan los poderes extraordinarios. Como se dice en criollo, hacerse el loco y prolongar la indefensión a la que se ha sometido a la clase laboral en los últimos años.

Lo cierto es que los ciudadanos no conocemos nada al respecto ni se nos ha participado el contenido de la reforma laboral en Venezuela. Tampoco sabemos si su promulgación generará reacciones similares a las que ahora vive España.